El futuro de la RC a través de los contratos del sector público
La nueva Ley de Contratación del Sector Público permitirá que los criterios de sostenibilidad puedan inclinar la balanza ante dos ofertas igualmente ventajosas en lo económico
02-04-2008 - La Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, que entrará en vigor en mayo, hará que las empresas deban tener en cuenta prácticas de Responsabilidad Corporativa (RC) para conseguir una licitación con algún organismo del Estado. Con esta nueva ley la Administración podrá empezar aconsiderar criterios de RC a la hora de conceder sus contratos.
La Ley de Contratos del Sector Público (30/2007 de 30 de octubre) incorpora importantes novedades. El texto da un paso más a lo que planteaba la legislación que anteriormente regulaba las licitaciones del Estado. Se trataba de una regulación eminentemente tributaria, tal y como señala la propia exposición de motivos de la nueva ley. Este nuevo texto que se presenta ahora es más global, puesto que se ha diseñado para aplicarse a todos los sujetos del sector público. A un nivel más concreto, una primera novedad será el uso pleno de internet en este ámbito “a fin de hacer más fluidas y transparentes las relaciones entre los órganos de contratación y los operadores económicos” tal y como reza la propia Ley 30/2007. De esta manera el “perfil del contratante”, esto es, de la Administración, deberá especificarse en las webs institucionales de los organismos y entidades del sector público. Las administraciones tienen, por tanto, para adaptarse a esta nueva circunstancia poco menos de un mes, hasta la entrada en vigor de la ley en mayo.
En segundo lugar, se encuentra una novedad que da de lleno en temas sociales y medioambientales, en definitiva, de sostenibilidad. Las empresas deberán estar atentas a los mecanismos que prevé la ley en torno a la RC puesto que éstas se configuran como “condiciones especiales de ejecución del contrato o como criterios para valorar las ofertas” tal y como contempla la ley en sus disposiciones generales. Estos aspectos se incluyen “para definir la solvencia técnica de las empresas”, tal y como indica José Miguel Galbis, jefe de servicio de Tramitación Administrativa de una de las divisiones del Ministerio de Cultura (MCU) y experto en la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
La puesta en práctica de políticas relacionadas con el campo de la sostenibilidad será exigible para los contratos sujetos a regulación armonizada, es decir, a aquellos que están sometidos a las directrices europeas. Eso “supone un problema” según explica Galbis, puesto que estas medidas “se van a exigir a contratos con cierto volumen de dinero por circunstancias de las que yo discrepo”. Estarán sujetos a regulación armonizada “los contratos de obras y los contratos de concesión de obras públicas cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.278.000 euros” según el artículo 76 de la Ley. En todo caso, se debe aclarar que la aplicación de medidas de RC será exigible y no obligatoria. La ley no se “radicaliza”, según Galbis, en ese sentido.
Para las empresas que opten a contratos no sujetos a regulación armonizada no les serán “exigibles” políticas de RC, ya que, según expone Galbis, la ley “lo constriñe únicamente a los de cierto volumen económico [en los contratos sujetos a regulación armonizada]”. Ante este tipo de contratos “el legislador nacional tiene plena libertad en cuanto a la configuración de su régimen jurídico”. Pese a todo habrá que tener en cuenta que el órgano adjudicador tendrá la última palabra puesto que disponen de una libertad “completa” a la hora de establecer los criterios que exigirá a las empresas. Ante eso, para Galbis “sería penoso e iría en dirección contraria a la ley que por un lado se establezcan medidas especiales de ejecución y luego la Administración diga que no las va a exigir. Sería una auténtica contradicción”. La ley de Contratos del Sector Público expone en el artículo 102 que el órgano de contratación podrá establecer condiciones especiales siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y si se exponen en el anuncio de licitación y en el pliego del contrato. Por ello las empresas “por la cuenta que les trae, tendrán que cambiar su filosofía” sentencia el jefe de Servicio de Tramitación Administrativa del MCU.
Las medidas de RC que lleven las empresas podrán inclinar la balanza a la hora de adjudicarles un contrato en los casos en los que la Administración Pública se encuentre con varias ofertas igualmente ventajosas en lo económico. La ley también recoge que se podrá rechazar a empresas en el caso que incumplan requisitos medioambientales o sociales recogidos en el pliego de condiciones, acción que se “tipifica como causa de prohibición de contratar” según aclara Galbis. Por su parte, el artículo 49 expone que las empresas no podrán ser contratadas por el sector público por motivos que tengan que ver con la RC si han sido condenadas mediante sentencia firme por delitos contra los derechos de los trabajadores o relativos a la protección del medio ambiente.
La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva Entre Hombres y mujeres supone un precedente en cuanto a la exigencia de políticas sociales a las empresas a la hora de ser contratadas por el Sector Público. En el artículo 34 se expone que los contratos de la Administración pública deberán incluir medidas encaminadas a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres que servirán para dar la adjudicación a una u otra empresa, siempre que existan proposiciones que hayan empatado “en los criterios objetivos que sirvan de base a la adjudicación”.
Promesas que fueron. Puesta en práctica que será
En lo referente a la RC no quedan ahí las cosas. Ya se ha visto que los legisladores se han preocupado por temas de sostenibilidad y los han ido introduciendo en leyes como las de Igualdad y la de Contratos del Sector
Esta IX legislatura será la del desarrollo de la ley de Contratos del Sector Públicopúblico. Ello ha ido marcando el camino y la Responsabilidad Corporativa seguirá en esta legislatura estando en la agenda de los parlamentarios tal y como han dejado patente en sus programas electorales partidos como el PSOE, PP, CiU e IU. El Partido Socialista deberá poner en práctica sus promesas programáticas y consensuar las leyes que apruebe en ese sentido con uno o más grupos para que se aprueben, puesto que no cuenta con una mayoría absoluta en la Cámara Baja que le permitiría hacerlo en solitario.
El ámbito de la contratación del sector público se utilizará como medio para exigir políticas de RC a las empresas que deseen concurrir en un concurso público para conseguir una licitación en base a lo que ya exige la legislación europea. El PSOE proponía, con la Ley de Contratos del Sector Público ya aprobada, realizar un plan de compras públicas “verdes”, pero, como ocurre en casi la totalidad de los programas electorales, no se concretan ni se explican las medidas que contendrá ese plan. El programa con el que el Partido Socialista ha concurrido a las elecciones dedica un punto a la contratación del sector público. Así, los socialistas “establecerán requisitos en términos de Responsabilidad Social Empresarial, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público, en la ejecución de los contratos con la Administración”.
Lo cierto – una vez puestos los cimientos con la aprobación de la ley de contratación en octubre del pasado año - es que esta IX legislatura que ahora comienza será la del desarrollo de la Ley a través de decretos, reglamentos y órdenes ministeriales. Pero para ello hace falta constituir el nuevo Ejecutivo. Cuando Zapatero dé a conocer su gabinete habrá que revisar “contrato a contrato” de la Administración con las empresas, según explicaba el director de Economía Social del Ministerio de Trabajo, Juan José Barrera a Europa Press. Todos los actores afectados por la ley deberán adaptarse durante estos cuatro años para su posterior desarrollo, aunque su aplicación “a lo mejor no es tan rápida porque ha habido muchos chistes y bromas sobre el cambio climático como ‘si mi primo sabe mucho o sabe poco’”, ironiza Galbis, por lo que sería “desagradable encontrar que, desde algunas Administraciones, se pongan cortapisas al desarrollo de la ley y de las normas de gestión medioambiental”.
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